Mucho, demasiado, se está hablando de los violentos que hace unos días convirtieron el centro de Madrid en un campo de batalla. La “Izquierda Radical Violenta” (IRV en adelante para abreviar), que así ha sido bautizada, con nombre y apellidos, convirtió una protesta legítima y pacífica en una batalla campal que, entre sus muchos efectos, ha servido de excusa para ignorar porqué protestaron más de un millón de personas, porqué hubo personas que cruzaron caminando media España, porqué hubo manifestaciones de apoyo simultaneas en muchas otras ciudades, porqué, en definitiva, existe un movimiento de gente cada vez mayor y de más amplio espectro social, que protesta y que expresa su descontento ante los gobernantes de este país.
Digamos que las acciones de la IRV han logrado atraer todo el foco de atención de políticos, medios de comunicación y expertos de toda índole. Es evidente, que no se puede justificar ningún acto de violencia en una sociedad civilizada y acorde a Derecho como la que vivimos, pero viendo las imágenes me vino una primera reflexión: ¿Cuántos radicales existen cuando hay trabajo, servicios y justicia para todo el mundo?
Por otro lado, vivimos en un mundo que cada vez se desnaturaliza más, que cada vez pierde más los principios y todo ello avalado por quien ejerce el poder. Por ejemplo, tras la publicación del informe anual de Cáritas estos días atrás, en seguida habló el señor Montoro diciendo que el tal informe era exagerado y no acorde con la realidad. Sea por mala fe o por ignorancia este señor incita, al menos, a la violencia verbal.
Según datos del INE, más de un 32% de los menores de 16 años de este país están en riesgo de pobreza, midiendo como tal, bien hogares con el 60% o menos de la mediana de los ingresas por hogar, bien con carencia material severa (problemas para hacer frente a gastos básicos del hogar), o bien hogares donde los miembros están en desempleo.
Estos datos comparados con los de Cáritas, son aún peores, ya que en ellos, basados en Eurostat, el riesgo de pobreza se sitúa en un 29,9% entre los menores de 18 años. Con lo cual, o desinformado o con mala fe, pero negando una realidad palpable.
Además, cuando el Ministro fue interpelado acerca de la posibilidad de ayudar a estas familias en problemas con la creación de un salario social, medida cuyo coste supondría la mitad del rescate de las autopistas, su respuesta ha sido contundente: dejar quebrar a las autopistas costaría al Estado 3.600 millones de euros. Lo que no nos queda claro es el coste de dejar desamparados a los 700.000 hogares sin ingresos, ya que tampoco apuntó ninguna solución en ese sentido más allá del consabido “trabajamos para lograr el crecimiento ya que lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo”.
De hecho, es difícil entender el porqué de un rescate a unas empresas constructoras que hicieron una inversión, erraron en sus previsiones y el negocio ha salido mal. La única explicación, más allá de posibles amistades inconfesables, es una amenaza por parte de las empresas concesionarias de aumentar los niveles de paro con toda su plantilla, de aumentar su presión sobre el FOGASA con estos despidos, etc.. Es incontable la cantidad de empresarios que han sufrido la misma experiencia, cada cual en su escala, desde el que montó una panadería, hasta el que tenía una pequeña fábrica, etc.: ninguno fue rescatado. Las PYMES han sufrido estos años el ritmo más alto de destrucción del que se tiene constancia. Ahora ese ritmo de destrucción se ha frenado, quizás porque efectivamente la economía empieza a remontar, pero también porque quizás no queda mucho por destruir. El caso es que nunca se habló de un fondo de rescate para empresas con problemas, muchas de las cuales funcionaban bien y que vieron su fin por deudas arrastradas, a veces de la propia administración.
Y de esos polvos vienen estos lodos, porque según la ONG Save the Children, también en su informe (PDF), bajo el lema de “A mí quien me rescata” nos dice que más de dos millones ochocientos mil niños son pobres o están en riesgo de pobreza en este país. Lo que avala la afirmación de Cáritas de que España es el segundo país de la UE con más pobreza infantil, sólo superado por Rumanía.
Lo triste es ver la escasez de medidas para contrarrestar estos datos: ninguna. Es más, se procura mirar para otro lado, ignorar esa realidad (al más puro estilo Rajoi) hasta que surge el estallido de violencia, tras el cual, la IRV es culpada de dinamitar el proceso de recuperación de la economía, de socavar la confianza de los inversores extranjeros y de incitar al estallido social.
De lo que tampoco parecen darse cuenta es de que, al prestar su atención a los violentos, ignorando a los que protestan pacíficamente, vuelven, una vez más, a incitar a la violencia, ya que dan a entender que sólo mediante la protesta violenta consigues atraer el foco de atención; que sólo los violentos consiguen algo, aunque sólo sea que no les ignoren.
